New Yorker acusado de usurpación de identidad en una estafa de $1,9 millones de COVID-19
Defensa Penal
Un New Yorker fue detenido por intentar robar más de $1,9 millones a través de un esquema de prestaciones por desempleo COVID-19. El sospechoso fue acusado de cometer fraude y usurpación de identidad con agravantes después de que las autoridades encontraran pruebas incriminatorias en una habitación de hotel abandonada.
Yohauris Rodríguez Hernández, de 40 años, fue detenido en un centro de detención de inmigrantes de Goshen. Hernández fue acusado de robar la identidad de un centenar de personas. Sus nombres y números de la Seguridad Social se utilizaron para obtener prestaciones fraudulentas. Muchas de las víctimas vivían en una zona de tres manzanas de Queens.
El personal de un hotel de Yonkers llamó a la policía al encontrar cientos de cartas con tarjetas de débito de desempleo emitidas por el Estado en una habitación vacía después de que Hernández y un cómplice no identificado se hubieran marchado. El correo procedía del Departamento de Trabajo del Estado de New York, según los documentos judiciales.
La pareja intentó prolongar su estancia una noche más, pero les dijeron que tendrían que cambiar de habitación, ya que la suya estaba reservada. Al parecer, olvidaron llevarse las cartas al salir del hotel.
Según la fiscalía, Hernández y el cómplice intercambiaron mensajes de texto sobre el plan, fotos e información de identificación personal que se utilizó para solicitar las prestaciones fraudulentas. Los agentes también encontraron un cuaderno que contenía una lista de nombres, fechas de nacimiento y números de la Seguridad Social.
La pareja presuntamente llevó a cabo la trama desde febrero hasta diciembre de 2020. Utilizaron las identidades robadas para solicitar alrededor de $1,9 millones en solicitudes de desempleo fraudulentas y recibieron más de $500.000 en pagos.
Hernández fue acusado de usurpación de identidad con agravantes, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer robo de prestaciones públicas. Una condena podría acarrearle más de 30 años de prisión.
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