Los legisladores estatales y federales y los defensores del control de armas llevan mucho tiempo intentando reforzar las restricciones de armas para los condenados por violencia doméstica y otros delitos. En muchos casos, esos esfuerzos no han tenido éxito. Y el desajuste entre las leyes federales y estatales puede crear confusión.

En primer lugar, hablemos de la ley federal. Cualquier persona condenada por un delito grave, salvo determinados delitos de cuello blanco, tiene prohibido poseer un arma. Lo mismo se aplica a los condenados por delitos menores de violencia doméstica contra el cónyuge y a los que, tras una vista judicial, son objeto de una orden de alejamiento por violencia doméstica. No se aplica en los casos en que se dicta una orden de alejamiento temporal antes de una vista, ni a los condenados por delitos menores de violencia doméstica contra parejas con las que nunca han convivido.

Algunos estados han aprobado leyes que amplían estas restricciones a los condenados por otros delitos menores. En el New York, se incluyen "delitos graves" como la puesta en peligro de menores, los delitos sexuales y el acoso. Algunos legisladores estatales califican la definición limitada de "delitos graves" como una "laguna" en la ley. La Asamblea estatal, controlada por los demócratas, ha aprobado en repetidas ocasiones proyectos de ley para ampliar aún más los delitos menores incluidos, a fin de incluir las amenazas, los tocamientos forzados y otros delitos. El proyecto de ley no ha sido aprobado hasta ahora por el Senado, controlado por los republicanos.

Una ley estatal de 2013 exige que las condenas por los mencionados delitos menores adicionales se notifiquen a la División de Servicios de Justicia Penal del estado, que informa al FBI, que a su vez realiza comprobaciones de antecedentes. Pero los defensores del proyecto de ley de la Asamblea afirman que, sin una ley estatal concurrente, es poco probable que este requisito de notificación dé lugar a que la policía estatal y local desarme a los condenados.