A finales del año pasado, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos revisó sus directrices sobre sentencias por delitos financieros reconociendo, en parte, el descenso del valor del dólar.

Actualizadas por última vez hace más de una década, las directrices orientan a los jueces en los casos de delitos financieros hacia penas de prisión que varían en función del valor en dólares de las ganancias ilícitas. Las opiniones sobre las revisiones fueron muy diversas. Por un lado, el Departamento de Justicia de EE.UU. se opuso a las revisiones, pareciendo basar su juicio en la opinión pública. El Departamento dijo que la medida era contraria al "abrumador consenso social".

Por otra parte, muchos abogados defensores de la American Bar Association consideraron que las propuestas eran demasiado moderadas. Llevan mucho tiempo abogando por unas directrices más suaves y habían presionado para que se hicieran revisiones más amplias. De hecho, incluso algunos jueces han dicho que las penas de prisión recomendadas para los delincuentes financieros son demasiado duras.

En 2005, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidió, en el caso Estados Unidos contra Booker, que todas las directrices federales de imposición de penas eran consultivas. Antes de esa decisión, eran obligatorias: los jueces tenían las manos atadas y las circunstancias atenuantes específicas de cada caso no influían en la pena impuesta. Después de Booker, los jueces a menudo dictaban sentencias en casos de fraude que no se ajustaban a las directrices de la Comisión de Sentencias. Esto pone de manifiesto que las recientes revisiones estaban probablemente atrasadas, especialmente si se tienen en cuenta los efectos acumulativos de la inflación sobre el valor real de las ganancias fraudulentas.